En un momento como el actual, de crisis ambiental con seria preocupación sobre cuál va a ser el futuro de nuestro entorno, el derecho penal ambiental ha experimentado en los últimos años una notable expansión y relevancia en el ordenamiento jurídico español, pues se ha llegado al consenso de que puede ser el instrumento más adecuado para disuadir a particulares, empresas, funcionarios y autoridades a infringir las normas administrativas destinadas a la protección de los valores naturales de los que dependemos, sirviendo así de eficaz refuerzo para su cumplimiento.