CASTILBLANCO

Castilblanco recoge los textos del informe del fiscal militar y de los discursos de la defensa que cuatro prestigiosos abogados socialistas, encabezados por Luis Jiménez de Asúa, pronunciaron en el consejo de guerra que se celebró en Badajoz en julio de 1933 contra veintidós jornaleros afiliados a la UGT y a la Casa del Pueblo, acusados por la muerte de los cuatro guardias civiles de la localidad, ocurrida el 31 de diciembre de 1931, al final de una manifestación pacífica que la intervención desmedida de las fuerzas del orden, por instigación del alcalde del pueblo que a la vez era el encargado de uno de los latifundistas del término municipal, convirtió en un linchamiento múltiple tras producir la muerte de uno y herir a otro de los manifestantes. Ante la singularidad de los hechos y la repercusión que podrían tener sobre la política agraria del Gobierno republicano, el PSOE designa como defensores a cuatro de los abogados más prestigiosos que tenía en sus filas. De la lectura de estos textos, a pesar de la retórica judicial, puede extraerse, además de la descripción de los hechos, el testimonio de las condiciones de la vida en el medio rural extremeño, en los años veinte y treinta, extensible a toda la meseta y Andalucía. Por lo que su valor historiográfico es indudable.

Castilblanco recoge los textos del informe del fiscal militar y de los discursos de la defensa que cuatro prestigiosos abogados socialistas, encabezados por Luis Jiménez de Asúa, pronunciaron en el consejo de guerra que se celebró en Badajoz en julio de 1933 contra veintidós jornaleros afiliados a la UGT y a la Casa del Pueblo, acusados por la muerte de los cuatro guardias civiles de la localidad, ocurrida el 31 de diciembre de 1931, al final de una manifestación pacífica que la intervención desmedida de las fuerzas del orden, por instigación del alcalde del pueblo que a la vez era el encargado de uno de los latifundistas del término municipal, convirtió en un linchamiento múltiple tras producir la muerte de uno y herir a otro de los manifestantes. Ante la singularidad de los hechos y la repercusión que podrían tener sobre la política agraria del Gobierno republicano, el PSOE designa como defensores a cuatro de los abogados más prestigiosos que tenía en sus filas. De la lectura de estos textos, a pesar de la retórica judicial, puede extraerse, además de la descripción de los hechos, el testimonio de las condiciones de la vida en el medio rural extremeño, en los años veinte y treinta, extensible a toda la meseta y Andalucía. Por lo que su valor historiográfico es indudable.