CIVITAS, DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN
En el presente volumen se incluye el texto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pilar básico de la normativa administrativa, que figura con las modificaciones de que ha sido objeto desde el momento de su promulgación, destacando entre ellas, por su indudable importancia, la realizada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y continuando hasta las reformas llevadas a cabo por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en materia sancionadora, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y, finalmente, por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
En el presente volumen se incluye el texto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pilar básico de la normativa administrativa, que figura con las modificaciones de que ha sido objeto desde el momento de su promulgación, destacando entre ellas, por su indudable importancia, la realizada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y continuando hasta las reformas llevadas a cabo por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en materia sancionadora, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y, finalmente, por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
