Helena llegó a Marruecos en 2002 con su hijo, dos maletas y un proyecto laboral de tres meses. Fue así como conoció los asentamientos ilegales de los bosques que rodean Ceuta y Melilla y a las distintas comunidades, a menudo organizadas según su país de origen, que tratan día y noche de saltar la frontera para llegar a Europa. Y ya no fue capaz de marcharse. Decidió instalarse en Tánger y ayudar en lo que pudiera. Y, sobre todo, denunciar la situación que allí se vivía.
La primera llamada de una patera la recibió en 2007. Había conocido días antes a uno de los chicos que viajaban en ella y le había dado su teléfono. La embarcación se estaba hundiendo. «Si cierro los ojos me veo en el balcón de mi casa, estupefacta al escuchar los gritos de la gente en el agua.» Buscó el teléfono de Salvamento Marítimo y llamó para que acudieran a rescatar a la embarcación. Fue la primera de muchas llamadas, de muchos tuits informando de pateras a la deriva.
Una tarde de noviembre de 2017, mientras volvía a su casa, Helena se encontró con dos policías de paisano que la esperaban. A través de ellos supo que los tribunales marroquíes la acusaban de tráfico de inmigrantes y fomento de la inmigración ilegal. Fue el inicio de un periplo judicial durante el que han salido a la luz dosieres de la policía española pensados para incriminarla, y que acabaron en manos de las autoridades marroquíes.
La causa, finalmente archivada, provocó un movimiento internacional de apoyo a esta activista y ha puesto de manifiesto hasta dónde puede llegar el juego sucio cuando se trata de proteger fronteras. Y a costa de quién.