En los últimos años cada vez es más frecuente la utilización por la Administración de mecanismos de derecho privado para la prestación de servicios públicos a los ciudadanos: Sociedades mercantiles públicas, concesionarios, contratistas, empresas colaboradoras, etc. En estos casos, cuando la prestación del servicio ocasiona daños a los ciudadanos, la responsabilidad de la Administración establecida en el artículo 106 de la Constitución se oscurece de tal forma que el ciudadano es remitido de la Administración a la empresa privada y de la jurisdicción contenciosa a la civil. Se entra así en un círculo vicioso en el que, ante la oscuridad legislativa en la materia, tanto los tribunales como los operadores jurídicos tienen que resolver cada supuesto de forma casuística. La presente obra expone estos problemas y analiza los principales criterios jurisprudenciales así como la doctrina de los órganos consultivos de la Administración.